WASHINGTON - El Congreso estadounidense inicia este viernes su receso de verano sin un acuerdo sobre los presupuestos para el año que viene y la amenaza de que se pueda producir un cierre de la Administración gubernamental si para el 30 de septiembre los partidos no consiguen acercar posturas.
El año fiscal acaba cada 30 de septiembre y el nuevo, para el que se requieren los fondos que permitan que la Administración siga funcionando, empieza un día después, por lo que la aprobación debe tener lugar antes.
La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprobó este jueves el proyecto de ley de Construcción Militar, Asuntos de Veteranos y Agencias Relacionadas. Fue la primera de las 12 medidas presupuestarias que el Congreso debe validar para el año fiscal 2024 e incluye $317,400 millones de dólares en fondos.
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Pero queda mucho trabajo por hacer, porque cuando los legisladores se reincorporen en septiembre solo tendrán 12 días de sesiones antes de que expire el plazo.
Normalmente esas 12 medidas se agrupan en un único proyecto de ley conocido como ómnibus, pero el pasado enero el conservador Kevin McCarthy prometió al hacerse con la presidencia de la Cámara de Representantes que las prioridades de gasto gubernamental iban a dejar de estar incluidas en una sola ley y se iban a votar por separado.
"No deberíamos temer un cierre del Gobierno. La mayoría de estadounidenses ni siquiera lo notarán si cierra temporalmente", apuntó esta semana el legislador republicano Bob Good, representante por Virginia en la Cámara de Representantes.
Desde 1976, cuando se aprobaron nuevas leyes presupuestarias, la Administración estadounidense se ha quedado sin fondos en una veintena de ocasiones, aunque la mayoría de veces ha sido solo durante un día.
Cuando el Ejecutivo se queda sin fondos, gran parte de las agencias gubernamentales, museos y parques nacionales cierran sus puertas, mientras que cientos de miles de empleados federales se ven temporalmente sin trabajo ni sueldo.
Republicanos y demócratas pueden acordar extensiones temporales del plazo mediante las llamadas "resoluciones de continuidad", pero la amenaza de un cierre a medida que se acerca la expiración del plazo refleja la tensión existente en la actual Administración, donde desde enero la Cámara Baja está controlada por los conservadores y la Alta por los progresistas.
Bajo el acuerdo sobre el techo de deuda firmado por Joe Biden a principios de junio, se determinó elevar ese límite hasta 2025 a cambio de algunos topes al gasto público, pero desde entonces algunos republicanos reclaman mayores recortes, dificultando así la negociación parlamentaria.
"Los demócratas están centrados en la clase media, en asegurarse de que las familias tienen las herramientas que necesitan para prosperar, mientras que los republicanos dan prioridad al recorte de servicios y a que se mantenga la reducción de impuestos para las grandes corporaciones", dijo este viernes la congresista demócrata Verónica Escobar en un encuentro con prensa hispana.
Desde el bando republicano, en cambio, se culpa a los demócratas de oponerse a los proyectos de ley y ralentizar el proceso.
"Seguiremos haciendo frente a los radicales de la izquierda que quieren llevar al país por una dirección socialista. Tenemos trabajo por hacer", recalcó esta semana el "número dos" de los conservadores en la Cámara Baja, Steve Scalise.
