El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó el jueves un paquete de proyectos de ley de inmigración de gran alcance, lo que ayudó a resolver un amargo enfrentamiento con los líderes legislativos republicanos del estado sobre la mejor manera de llevar a cabo la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.
La aprobación de los proyectos de ley por parte de DeSantis, que los legisladores de Florida aprobaron en gran medida siguiendo líneas partidistas, se produce después de que los líderes legislativos negociaran un compromiso con el aporte del gobernador y la Casa Blanca.
El mes pasado, los legisladores habían rechazado un conjunto de propuestas de inmigración respaldadas por DeSantis, lo que llevó al gobernador a criticar el proyecto de ley que los legisladores ofrecieron en respuesta. DeSantis se había comprometido a vetar esa medida, a la que calificó de "débil", y amenazó con respaldar los desafíos de las primarias republicanas contra sus partidarios.
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Pero después de elaborar un compromiso y avanzar con el nuevo paquete de proyectos de ley, los líderes legislativos de Florida estuvieron junto a DeSantis cuando los convirtió en ley en Tallahassee el jueves por la tarde. Aun así, no es probable que se evaporen las tensiones que enfrentan a los aliados del presidente contra DeSantis, que se atrevió a desafiar a Trump por la nominación, ya que se espera ampliamente que el gobernador, cuyo mandato está limitado, tenga aspiraciones presidenciales en 2028.
Los proyectos de ley asignan $298 millones para financiar más de 80 nuevos empleos estatales relacionados con la aplicación de la ley de inmigración, así como subvenciones para que los gobiernos locales cubran gastos como nuevos equipos y capacitación del personal, bonificaciones para los oficiales que ayudan a aplicar la ley de inmigración y reembolsos por el arrendamiento de centros de detención al gobierno federal.
El paquete de proyectos de ley también aumentaría las penas para todos los delitos cometidos por inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización, y crearía un nuevo delito por ingresar al estado después de haber llegado a los EE. UU. ilegalmente.
La propuesta también ordena la pena de muerte para los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente y cometen delitos capitales, como el asesinato en primer grado. La disposición ha suscitado la oposición de algunos republicanos por motivos religiosos y ha provocado el rechazo de los demócratas, que sostienen que es inconstitucional, citando un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1976 que revocó una ley de Carolina del Norte que establecía la pena de muerte por asesinato en primer grado.
Otra medida que provocó la indignación de los demócratas eliminaría una ley estatal que permite a los estudiantes de Florida que se encuentran en el país sin autorización legal calificar para la matrícula estatal en colegios y universidades públicas.
