Los defensores de los derechos de voto pidieron a la Corte Suprema de los EEUU levantar la suspensión de la decisión de un juez federal que permite a los delincuentes de Florida recuperar el derecho al voto, independientemente de las multas impagas y otras obligaciones financieras.
La semana pasada, el Tribunal de Apelaciones del 11° Circuito otorgó una solicitud del gobernador Ron DeSantis para revisar y suspender un fallo de mayo de un juez de un tribunal federal de distrito de Tallahassee que fue muy crítico sobre cómo Florida ha establecido bloqueos para cientos de miles de delincuentes que buscaban acceso a las urnas.
La corte de apelaciones ha programado una audiencia sobre el asunto para el próximo 18 de agosto, el mismo día que la primaria de Florida. La fecha límite para registrarse para esa elección es el 20 de julio.
El acceso a las urnas de Florida ha estado en el centro de innumerables disputas legales, lo que subraya el importante papel que juega el estado en la determinación del equilibrio de poder no solo en Florida sino también en Washington.
Con márgenes muy delgados que a menudo deciden plazas clave, el resultado de la batalla legal podría tener profundas repercusiones, pues los 774,000 delincuentes privados de sus derechos del estado representan un bloque significativo.
Muchos de esos delincuentes son afroamericanos y presumiblemente demócratas, y podrían jugar un papel decisivo en agosto y las elecciones presidenciales cruciales en noviembre, si se les permite votar.
El Southern Poverty Law Center, junto con otros grupos que representan a delincuentes, le pidió al juez de la Corte Suprema Clarence Thomas el miércoles que anule la suspensión.
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Los defensores de los derechos de los votantes demandaron al estado el año pasado después de que DeSantis promulgara una ley elaborada por los republicanos que estipulaba que, además del tiempo cumplido, todas las obligaciones financieras legales, como multas impagas y restitución, también tendrían que resolverse antes de que un delincuente pueda ser elegible votar.
La enmienda 4 prohíbe permanentemente que los asesinos y violadores condenados voten, independientemente de las deudas financieras.
