La Corte Suprema de Florida se enfrentó el viernes a la cuestión de si anular las amplias protecciones al derecho al aborto previstas durante décadas en la constitución estatal y, en cambio, defender una ley firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis que prohíbe el procedimiento en la mayoría de los casos después de las 15 semanas de embarazo.
Si la prohibición de 15 semanas sigue vigente, una prohibición aún más estricta de seis semanas aprobada este año por la Legislatura liderada por los republicanos y firmada por DeSantis entraría automáticamente en vigor aproximadamente un mes después de que el tribunal emita una decisión.
Los siete jueces, incluidos cinco conservadores designados por DeSantis, un candidato republicano a la presidencia, escucharon los argumentos orales en Tallahassee en la demanda presentada por Planned Parenthood, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y otros.
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Afirman que la cláusula de privacidad única de la Constitución de Florida durante más de 40 años ha protegido explícitamente el derecho al aborto en el estado y debería permanecer en vigor. "El aborto ha sido un derecho reconocido en Florida durante décadas", dijo Whitney White, abogada de la ACLU. "No hay base en el texto para excluir una decisión tan personal y privada como la de continuar con un embarazo", indicó.
Los abogados del estado, sin embargo, sostienen que cuando se adoptó la cláusula de privacidad mediante referéndum electoral en 1980, pocas personas entendieron que abarcaría el aborto.
El procurador general del estado, Henry Whitaker, dijo a los magistrados que la cláusula estaba destinada principalmente a cubrir la "privacidad de la información", como los registros personales y no el aborto. “Una ley de la Legislatura no debe ser revocada a menos que sea claramente inconstitucional”, dijo Whitaker sobre las nuevas prohibiciones del aborto promulgadas por los legisladores. "Creemos que el Estado tiene un interés imperioso en todas las etapas del embarazo para preservar la vida", agregó.
Varios jueces cuestionaron si el tribunal debería dar deferencia a la Legislatura en materia de aborto, particularmente porque la palabra no aparece específicamente en la cláusula de privacidad y el debate en el momento de su promulgación no es concluyente.
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Muñiz, preguntó si la invalidación por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos del estándar Roe vs. Wade en el fallo Dobbs tuvo algún impacto en el caso de Florida. “¿Deberíamos tener eso en cuenta? ¿Debería importarnos que todos los fundamentos del derecho afirmado aquí que la Corte Suprema (de Estados Unidos) ha dicho ahora estaban atrozmente equivocados?", preguntó Muniz a White.
“Nada en la decisión Dobbs desplaza las protecciones estatales para el aborto que eran más protectoras que la ley federal", respondió. "Los estados son libres de permitir ese nivel de protección. Eso es precisamente lo que los floridanos han hecho aquí”. Los jueces no indicaron cuándo se pronunciarían. Los casos de esta magnitud suelen tardar meses en decidirse.
La demanda busca una orden judicial que bloquee la aplicación de la prohibición del aborto de 15 semanas conocida como HB5, que incluye una posible pena de cárcel de hasta cinco años y $5,000 en multas por violaciones y permanece en vigor mientras se desarrolla el caso judicial. La cláusula de privacidad se incluyó en la Constitución de Florida mediante un referéndum de votantes en 1980 y luego la Corte Suprema del estado confirmó que incluía el derecho al aborto.
Los votantes rechazaron una enmienda constitucional propuesta en 2012 que habría anulado esas decisiones. La posición de Florida está respaldada por una variedad de grupos antiaborto y al menos 19 estados liderados por republicanos que han presentado escritos de “amigos de la corte” afirmando, en parte, que las legislaturas estatales deberían decidir el tema en lugar de los tribunales.
"Impone al pueblo un régimen que nunca abrazó, coloca a los tribunales en el centro de una cuestión política y moral que nunca podrán resolver y socava nuestra tradición democrática", dicen los estados en el escrito. Los retadores también tienen varios grupos que presentan escritos en su nombre, incluido el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, la Asociación Médica Estadounidense y Floridanos por la Libertad Reproductiva.
El texto de la cláusula de privacidad de Florida dice: “Toda persona física tiene derecho a que la dejen en paz y libre de intrusiones gubernamentales en su vida privada, salvo que se disponga lo contrario en el presente documento. Esta sección no se interpretará en el sentido de limitar el derecho del público a acceder a registros y reuniones públicas según lo dispuesto por la ley”.
La prohibición de 15 semanas presentada ante el tribunal el viernes incluye excepciones que permiten un aborto para salvar la vida de una mujer o prevenir daños físicos graves y en los casos en que un feto tiene una condición médica terminal "incompatible con la vida fuera del útero".
La medida de prohibición de seis semanas fue patrocinada en la Legislatura estatal por la representante republicana Jennifer Canady, esposa del juez de la Corte Suprema Charles Canady.
No ha hecho ningún intento de recusarse debido a la relación y no se han presentado mociones solicitando la recusación. Como congresista en la década de 1990, Charles Canady patrocinó proyectos de ley para prohibir el llamado “aborto por nacimiento parcial”.
A principios de este año, un juez del condado de León coincidió en que la prohibición de 15 semanas viola la Constitución de Florida y bloqueó su aplicación con una orden judicial temporal. Un tribunal de apelaciones anuló la orden judicial y llevó el caso ante la Corte Suprema del estado.
